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Deciden hoy destino de los exjueces acusados de vender sentencias

Santo Domingo.- Tras el estallido del escándalo a lo interno del Poder Judicial, cuando se hizo pública una investigación en contra de la entonces jueza Awilda Reyes Beltré y el exconsejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, a quienes acusaban de formar parte de una red de jueces corruptos que recibían sobornos de personas ligadas al narcotráfico, a cambio de recibir sentencias favorables.

La investigación iniciada, daba cuenta de que el exconsejero del Poder Judicial Arias actuaba como la persona que presuntamente contactó e influyó a la jueza Awilda Reyes para que emitiera decisiones a favor de imputados en procesos judiciales a cambio de altas sumas de dinero.

Ante esas acusaciones, Reyes habría emitido declaraciones que apuntaban hacia a Mariano Germán, quien se desempeñaba como presidente del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de ese entonces. La reacción del alto funcionario del Poder Judicial no se hizo esperar y dio una rueda de prensa desmintiendo que haya presionado a Awilda Reyes para que fallara los casos que la pusieron bajo investigación.

Germán afirmó que no tenía nada que ver con las decisiones adoptadas por Reyes Beltré ni de ningún otro funcionario del Poder Judicial y definió esas actuaciones como “una infamia de la peor calaña”.

En esa ocasión divulgó que las sentencias cuestionadas emitidas por supuestos sobornos fueron la orden de devolución de la aeronave Cessana 550, matrícula N61MA, incautada mediante orden de secuestro al presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro.

De igual forma, se cuestionó la sentencia de devolución de US$20 millones a favor de la empresa Prado Universal Corp., compañía constructora de la Torre Atiemar, cuyo presidente era el presunto narco Arturo del Tiempo.

Awilda reyes fue cuestionada por disponer la libertad del exregidor del municipio de Pedro Brand, Erikson de los Santos Solís, quien en aquel entonces estuvo en un proceso judicial por supuestamente dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos y asesinato de miembros del transporte público.

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